El Consejo de Gobierno ordena el control de ungulados en Monfragüe

El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio de control de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe para los años 2024 y 2025, debido a la alta prevalencia de tuberculosis detectada en jabalíes y ciervos.

El proyecto, adjudicado a la empresa pública Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) por un valor de 347.305 euros, se justifica en los resultados de los estudios que evalúan el estado de salud de los ungulados en esta zona protegida.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Monfragüe estipula que se deben llevar a cabo medidas de control, incluyendo métodos cinegéticos, para gestionar estas especies.

Siguiendo las directrices de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, se ha implementado un plan de acción para la tuberculosis en especies silvestres (PATUBES), que busca equilibrar la salud animal, la caza y la conservación de la biodiversidad.

El contrato abarca el control de la población de ungulados mediante el mantenimiento de infraestructuras como cercados, el sacrificio de animales, la recolección de muestras y la gestión de los cadáveres.

Asimismo, el Consejo ha aprobado una segunda convocatoria de ayudas para inversiones en bioseguridad, dirigidas a la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado y viveros, financiadas con 1,37 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las ayudas se dividen en dos líneas: una para inversiones en centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado y perros de caza, con una asignación de 938.577,32 euros. Las subvenciones podrán alcanzar hasta 70.000 euros para centros existentes y hasta 140.000 euros para nuevos centros.

Una gestión que debería pertenecer a los cazadores

Algunos sectores argumentan que la gestión de la población de ungulados debería ser encomendada a los cazadores locales, quienes podrían realizar estas tareas de manera eficiente y sin incurrir en los costos adicionales de contratar empresas especializadas. De esta manera, se podría evitar el gasto de 347.305 euros en un contrato con una empresa pública, destinando esos fondos a otras áreas prioritarias y aprovechando el conocimiento y la experiencia de los cazadores en la región.